REFORMA AL CFF Y LISR PARA EVITAR EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL

 

 

 

 

  

 

El pasado día 04 de Junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman disposiciones del Código Fiscal de la Federación (CFF) y la Ley del ISR, mismo que contempla modificaciones de gran trascendencia para aquellos contribuyentes que han establecido una estrategia operativa a través de entidades como Sociedades Cooperativas o Sociedades en Nombre Colectivo, entre otras.

 

A continuación se realiza el análisis de esta reforma:

 

 

VIGENCIA DE LA REFORMA

 

De conformidad al Artículo Único Transitorio, las disposiciones del Decreto entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOF, por lo que tales disposiciones están vigentes a partir del 5 de Junio de 2009.

 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

 

 

ART. 32 – DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS

 

Se modifica el párrafo cuarto del artículo 32 del CFF para precisar que en caso de presentarse declaraciones complementarias, estas se efectuarán mediante la presentación de declaración que sustituya a la anterior, debiendo contener todos los datos que requiera la declaración aun cuando sólo se modifique alguno de ellos.

 

De esta forma se define que debe llenarse totalmente la declaración, aún cuando sólo se modifique un dato y no sólo presentarla con el dato modificado.

 

 

ART. 59 – PRESUNCIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES

 

En el artículo 59 del CFF se establecen diversas situaciones o elementos, que la autoridad fiscal podrá utilizar para presumir el monto de los ingresos, actos o actividades, y activos por los que se deban pagar contribuciones.

 

Tales elementos son los siguientes:

 

I.    Que la información contenida en la contabilidad, documentación comprobatoria y correspondencia que se encuentren en poder del contribuyente, corresponde a operaciones celebradas por él, aún cuando aparezcan sin su nombre o a nombre de otra persona, siempre que se logre demostrar que al menos una de las operaciones o actividades contenidas en tales elementos, fue realizada por el contribuyente.

 

II.   Que la información contenida en los sistemas de contabilidad, a nombre del contribuyente, localizados en poder de personas a su servicio, o de accionistas o propietarios de la empresa, corresponde a operaciones del contribuyente.

 

III. Que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar, son ingresos y valor de actos o actividades por los que se deben pagar contribuciones.

 

También se presumirá que los depósitos que se efectúen en un ejercicio fiscal, cuya suma sea superior a $1´000,000.00 en las cuentas bancarias de una persona que no está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes o que no está obligada a llevar contabilidad, son ingresos y valor de actos o actividades por los que se deben pagar contribuciones.

 

IV. Que son ingresos y valor de actos o actividades de la empresa por los que se deben pagar contribuciones, los depósitos hechos en cuenta de cheques personal de los gerentes, administradores o terceros, cuando efectúen pagos de deudas de la empresa con cheques de dicha cuenta o depositen en la misma, cantidades que correspondan a la empresa y ésta no los registre en contabilidad.

 

V.   Que las diferencias entre los activos registrados en contabilidad y las existencias reales corresponden a ingresos y valor de actos o actividades del último ejercicio que se revisa por los que se deban pagar contribuciones.

 

VI. Que los cheques librados contra las cuentas del contribuyente a proveedores o prestadores de servicios al mismo, que no correspondan a operaciones registradas en su contabilidad son pagos por mercancías adquiridas o por servicios por los que el contribuyente obtuvo ingresos.

 

VIII.          Que los inventarios de materias primas, productos semiterminados y terminados, los activos fijos, gastos y cargos diferidos que obren en poder del contribuyente, así como los terrenos donde desarrolle su actividad son de su propiedad.

 

A través del Decreto en análisis, se reforma dicho artículo 59 del CFF para establecer que igual a través de tales elementos las autoridades fiscales podrán comprobar la actualización de las hipótesis para la aplicación de las tasas establecidas en las disposiciones fiscales, así como se agrega una fracción IX a dicho numeral para contemplar un nuevo supuesto o elemento:

 

IX.     Que los bienes que el contribuyente declare haber exportado fueron enajenados en territorio nacional y no fueron exportados, cuando éste no exhiba, a requerimiento de las autoridades fiscales, la documentación o la información que acredite cualquiera de los supuestos siguientes:

 

a)    La existencia material de la operación de adquisición del bien de que se trate o, en su caso, de la materia prima y de la capacidad instalada para fabricar o transformar el bien que el contribuyente declare haber exportado.

 

b)    Los medios de los que el contribuyente se valió para almacenar el bien que declare haber exportado o la justificación de las causas por las que tal almacenaje no fue necesario.

 

c)    Los medios de los que el contribuyente se valió para transportar el bien a territorio extranjero. En caso de que el contribuyente no lo haya transportado, deberá demostrar las condiciones de la entrega material del mismo y la identidad de la persona a quien se lo haya entregado.

 

La presunción a que se refiere esta fracción operará aún cuando el contribuyente cuente con el pedimento de exportación que documente el despacho del bien.

 

Esta adición al artículo 59 del CFF sin duda tiene su origen en la gran cantidad de casos de defraudación fiscal en los que para obtener devolución de impuestos se han declarado exportaciones inexistentes, mismas que sólo se encuentran soportadas con un pedimento de exportación, mismo que se ha obtenido igualmente de manera fraudulenta, pero sin que el contribuyente demuestre tener la capacidad instalada para producir tal bien, para almacenarlo o incluso sin que demuestre la existencia material de la operación de adquisición del bien, por lo que para restringir tales prácticas se establece la presunción de que tales operaciones fueron realizadas en territorio nacional si es que el contribuyente no demuestra, a solicitud de la autoridad, alguna de tales situaciones.

 

 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

ART. 8, 109 FRAC. VI, SEXTO Y SÉPTIMO PÁRRAFO – PREVISIÓN SOCIAL

 

Durante mucho tiempo se ha mantenido la controversia en relación a si los montos cubiertos a los socios de las sociedades cooperativas, bajo el concepto de previsión social, se encontraban regulados por la Ley del ISR o no. La autoridad señalaba que si, pero la realidad es que no existía el soporte jurídico para ello ya que la previsión social regulada en la Ley del ISR era la otorgada a los trabajadores y ya que los socios de las sociedades cooperativas no lo eran, pues entonces en tales entidades se otorgaban totalmente libres de ISR.

 

Finalmente ha ocurrido lo que debió hacerse hace mucho tiempo para evitar tales controversias, y es el que, a través del Decreto en análisis, se ha regulado en la Ley del ISR lo relativo a tales montos otorgados por las sociedades cooperativas bajo el rubro de previsión social.

 

De esta forma se ha modificado el artículo 8 de la Ley del ISR para precisar que dentro del concepto de previsión social regulado en dicha ley, se incluye a las cantidades entregadas a los socios o miembros de las sociedades cooperativas bajo ese rubro, y que, por lo mismo, en ningún caso se considerará previsión social a las erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores o de socios o miembros de sociedades cooperativas.

 

Por lo tanto, a partir de la entrada en vigor de esta reforma, tales cantidades entregadas a los socios de las sociedades cooperativas se encontrarán sujetas a los requisitos y limitantes que la Ley del ISR establece para las prestaciones de previsión social otorgadas a los trabajadores.

 

Por lo que para no dejar dudas al respecto, se adiciona un segundo párrafo al artículo 109 fracción VI de la Ley del ISR para precisar que la previsión social a la que se refiere dicha fracción es la contemplada en el artículo 8 de la misma Ley, por lo que en vista de esta reforma se hacen adecuaciones al texto de los párrafos sexto y séptimo del artículo 109 de la Ley del ISR, en relación al límite de exención por previsión social, pero sin que estas implican una reforma como tal. 

 

 

ART. 31 FRAC. XXIII, 125  – REQUISITOS DE DEDUCCIÓN DE PREVISIÓN SOCIAL OTORGADA A SOCIOS DE SOCIEDADES COOPERATIVAS

 

En concordancia con la reforma ya comentada al artículo 8 de la Ley del ISR, se adiciona la fracción XXIII al artículo 31 de la cita Ley, para establecer los requisitos que deberán cumplir las sociedades cooperativas para deducir las erogaciones por concepto de previsión social otorgada a sus socios o miembros.

 

Tales requisitos son los siguientes:

 

a)    Que el fondo de previsión social del que deriven se constituya con la aportación anual del porcentaje, que sobre los ingresos netos, sea determinado por la Asamblea General.

 

b)    Que el fondo de previsión social esté destinado en términos del artículo 57 de la Ley General de Sociedades Cooperativas a las siguientes reservas:

 

1.     Para cubrir riesgos y enfermedades profesionales.

 

2.     Para formar fondos y haberes de retiro de socios.

 

3.     Para formar fondos para primas de antigüedad.

 

4.     Para formar fondos con fines diversos que cubran: gastos médicos y de funeral, subsidios por incapacidad, becas educacionales para los socios o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga.

 

Para aplicar esta deducción la sociedad cooperativa deberá pagar, salvo en el caso de subsidios por incapacidad, directamente a los prestadores de servicios y a favor del socio cooperativista de que se trate, las prestaciones de previsión social correspondientes, debiendo contar con la documentación comprobatoria expedida a nombre de la sociedad cooperativa.

 

c)    Acreditar que al inicio de cada ejercicio la Asamblea General fijó las prioridades para la aplicación del fondo de previsión social de conformidad con las perspectivas económicas de la sociedad cooperativa.

 

En relación a esta adición, se agrega la referencia en el párrafo segundo del artículo 125 de la Ley del ISR, el de que lo dispuesto en esta fracción XXIII del artículo 31 de la Ley del ISR se aplicará igualmente a las deducciones de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, cosa que en nuestra opinión está de más ya que la citada fracción regula requisitos para una deducción especifica aplicable a una persona moral, como lo es la sociedad cooperativa, por lo que tales requisitos nunca le serán aplicables a una persona física ya que ella no se encontrará nunca en el supuesto regulado por dicha fracción.

 

 

ART. 107 – DISCREPANCIA FISCAL

 

El artículo 107 de la Ley del ISR contempla las reglas relativas a la denominada discrepancia fiscal, misma que se presenta cuando el contribuyente realiza erogaciones en montos superiores a los ingresos declarados ante las autoridades fiscales, y mediante el Decreto en análisis, se ha reformado el tercer párrafo de dicho artículo para precisar la fuente en la que la autoridad se basará para establecer el monto de ingresos obtenidos por el contribuyente y así determinar tal discrepancia entre ingresos y egresos.

 

De esta forma se señala que cuando el contribuyente obtenga ingresos de los previstos en el Título IV de la Ley del ISR y no los declare se aplicará este precepto como si hubiera presentado la declaración sin ingresos. Tratándose de contribuyentes que obtengan ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, se considerarán los ingresos que los retenedores manifiesten haber pagado al contribuyente de que se trate.

 

 

ART. 109 FRAC. VIII – EXENCIÓN DE INGRESOS DE FONDOS DE AHORRO

 

Se hace una precisión importante a la fracción VIII del artículo 109 de la Ley del ISR, ya que se señala que lo que estará exento de ISR es el ingreso derivado de fondos de ahorro establecidos por las empresas a favor de sus trabajadores.

 

Antes de la reforma sólo se mencionaba la exención de ingresos provenientes de fondos de ahorro establecidos por las empresas, pero sin precisar a los beneficiarios de tales fondos de ahorro, por lo que tal situación estaba siendo aprovechada para retirar recursos de la empresa sin impuesto alguno.

 

 

ART. 109 FRAC. XXII – EXENCIÓN DE INGRESOS POR ALIMENTACIÓN

 

La legislación mercantil contempla el que se pueda otorgar a los socios industriales de cierto tipo de entidades, un monto bajo el concepto de alimentos, mismo que estaría determinado por los mismos socios, por lo que considerando que la fracción XXII del artículo 109 de la Ley del ISR contemplaba como exentos de ISR a los ingresos percibidos en concepto de alimentos, pues tal situación era ideal para establecer una estrategia operativa a través de tales entidades, como la Sociedad en Nombre Colectivo, ya que existía un importante beneficio en materia fiscal.

 

Sin embargo, a través del Decreto en análisis, se ha modificado el texto de tal fracción XXII del artículo 109 de la Ley del ISR, para precisar que tal exención sólo aplicará en el caso de ingresos por concepto de alimentos obtenidos por las personas físicas que tengan el carácter de acreedores alimentarios en términos de la legislación civil aplicable.

 

Por lo que a partir de la entrada en vigor de la reforma comentada, tales cantidades entregadas a los socios industriales de dichas entidades, bajo el rubro de alimentos, quedarán gravadas por la Ley del ISR al no poderse aplicar más la fracción XXII del artículo 109 de la Ley del ISR para su exención.

 

 

ART. 165 – DIVIDENDOS FICTOS

 

El artículo 165 de la Ley del ISR contempla algunos conceptos que se considerarán dividendos para efectos fiscales, y en esta reforma se agrega como un concepto más que se considerará como tal, a los intereses que se paguen a los socios de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, según el artículo 85 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

 

Dicho artículo prevé el que se le pague intereses a los socios de tales entidades, sobre el monto de sus aportaciones, pero sin que la tasa de interés exceda al 9% anual sobre sus aportaciones, aún cuando no hubiere beneficios; pero solamente por el período de tiempo necesario para la ejecución de los trabajos que según el objeto de la sociedad deban preceder al comienzo de sus operaciones, y sin que en ningún caso dicho período exceda de 3 años.

 

 

 

 

 

 

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